El Gobernador Jorge Milton Capitanich presentó el 02 de julio un Proyecto que pretende incorporar cambios sustanciales a la actual Ley 1798-B. A raíz de esto, el Mecanismo Provincial solicitó la participación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, para garantizar que el proceso cuente con la debida consulta y se mantenga la independencia del organismo.

El proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo incorpora modificaciones con respecto a la conformación del cuerpo político del Comité y su proceso de selección.

Las objeciones al proyecto han sido señaladas por numerosas Organizaciones e Instituciones de todo el país, y por el mismo Mecanismo local de Chaco como órgano experto en la temática, mediante una nota remitida a la Legislatura el 14 de julio.

En este sentido, la Cámara de Diputados debe iniciar en proceso de diálogo con Organizaciones, Organismos y todos aquellos interesados que trabajen y se ocupen de la defensa de los Derechos Humanos y la prevención de la tortura, políticas públicas y asistencia a víctimas de estos delitos.

Para proponer reformas en un órgano de control y de vínculos directos con las Naciones Unidas se debe dar participación amplia a todos los sectores interesados y participantes de éstas funciones.

El Subcomité de Naciones Unidas, a través de sus trabajos históricos, elaboró directrices para la creación, modificación o funcionamiento de los Mecanismos Locales, trasladadas a las guías y manuales de apoyo.

Cabe citar una que hace a los asuntos de la incumbencia del Estado y dice: “El Estado debe informar al Mecanismo Nacional de Prevención de todo Proyecto de Ley que pueda estar examinándose y que sea pertinente para su mandato y permitir al Mecanismo hacer propuestas u observaciones sobre toda Política o Ley en vigor o en Proyecto. El Estado debe tomar en consideración las propuestas u observaciones que reciba del Mecanismo en materia de esa legislación”.

Esto resulta contrario a las directrices que el mismo Poder Ejecutivo sea quien impulse y lleve adelante el plan de reformas, ya que es el mismo controlado. El Estado está en conocimiento de que no puede ni debe hacerlo, porque está a cargo de los estamentos de la Policía, Servicio Penitenciario y otras Fuerzas de Seguridad y tiene la competencia plena sobre los Lugares de Detención, y es en esa esfera que se cometen los actos vejatorios de Derechos Humanos.

REPRESENTACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

Y ENTIDADES PROFESIONALES DE ABOGADOS

Otro punto importante a destacar sobre este Proyecto de Ley es que desconoce el lugar obtenido por años de lucha de los Pueblos Indígenas en la provincia del Chaco. Esto significa restarle una de las más legitimas representaciones a Pueblos víctimas de genocidio y que históricamente fueron discriminados, torturados y maltratados.

Por otra parte, la exclusión del Miembro experto en derecho designado por las entidades profesionales de abogados en la integración futura del Comité, y la necesidad de pensar en la posible incorporación de un profesional de salud, son motivo de observación.

Las Directrices indican, en el Artículo 18, que “el Mecanismo Nacional de Prevención deberá velar por que su personal sea ampliamente representativo y tenga las aptitudes y los conocimientos profesionales necesarios para desempeñar cumplidamente su mandato”. Lo que implica, entre otras cosas, conocimientos especializados pertinentes en materia jurídica y de atención de la salud.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

La propuesta de reforma del Comité de Prevención de la Tortura de esta provincia requiere un tratamiento acorde con los lineamientos legales mínimos que establece la Ley N° 1798-B, además de ser llevado adelante por el Mecanismo Local de Chaco, en línea directa con el Nacional.

Estos son los cuerpos idóneos para debatir un proyecto de cambio de una estructura afirmada en la defensa de Derechos de Personas Privadas de su Libertad (PPL) o víctimas de Violencia Institucional, en una mesa de diálogo democrático con todos los actores políticos e institucionales necesarios.

Por otra parte, el contexto de pandemia y el momento institucional y político durante el cual se produce la voluntad de cambiar sustancialmente la conformación del Mecanismo Local de Chaco, no es el más apropiado. Se da luego de que el Comité realizara, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), una serie de Recomendaciones a los tres Poderes del Estado, acciones judiciales contra las detenciones arbitrarias, como el Habeas Corpus Colectivo y Preventivo, y denuncias de hechos graves, como la Violencia Institucional contra los Pueblos Indígenas que se dio a finales de mayo y es conocido como el “Caso Fontana”.

Por eso, el Proyecto de Reforma de Ley no debe ser tratado en estas condiciones políticas, sociales y sanitarias, de manera abrupta y sin la mirada permanente del Sistema Provincial y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. En estos momentos, se necesita abrir un proceso de trabajo y de discusiones donde el Mecanismo Local de Chaco junto al Nacional sean actores principales, y quienes sienten las bases de cómo debe conformarse y cómo debe ser el proceso de selección para el organismo, y de todo lo necesario que debe contener un Ley tan importante.

De continuarse el tratamiento en este contexto, sin la consulta y participación, sólo se estaría debilitando el Sistema Provincial, Nacional y Universal de Prevención de la Tortura.

Es por esto que se requiere la intervención permanente en el tratamiento de este proyecto de Ley como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y, a efectos de velar por el Sistema Universal, se garantice la misma participación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura de Argentina y del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas.