Ante la visita del papa León XIV a la Argentina, desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco recuperamos las Reglas “Papa Francisco”, una propuesta para humanizar la justicia y garantizar un trato respetuoso hacia las personas en situación de exclusión.

La visita del papa constituye una oportunidad para recordar el pensamiento de Francisco y su llamado a enfrentar la cultura del descarte. Para quienes trabajamos en la prevención de la tortura y la defensa de los derechos humanos, ese mensaje tiene una expresión concreta: promover instituciones que escuchen, protejan y respeten la dignidad de todas las personas.

Las Reglas “Papa Francisco” para el trato humano de personas excluidas, reunidas por Pastoral Judicial en 2025, surgieron de los encuentros “Diálogos por una justicia más humana”, con participación de integrantes del sistema judicial y referentes sociales, barriales y eclesiásticos. Inspiradas en la labor y el pensamiento de Francisco, proponen pautas para que la intervención judicial dé respuestas a las condiciones reales de vida de las personas.

Aunque están dirigidas a quienes intervienen en procesos judiciales, varias de sus orientaciones dialogan directamente con la tarea de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Cuidar la vida y proteger frente al maltrato

El cuidado de la vida y la integridad física ocupa el primer lugar en estas reglas. Supone atender necesidades básicas y asegurar condiciones de contención humana y material en cada contacto con el sistema judicial.

A su vez, la regla de protección urgente plantea actuar sin demora ante situaciones de maltrato, abuso o vulneración de derechos. Desde la perspectiva de la prevención de la tortura, estas orientaciones refuerzan la necesidad de identificar riesgos, escuchar las denuncias y promover respuestas oportunas para resguardar a las personas.

Escuchar y garantizar una participación efectiva

Las reglas destacan que toda persona debe poder explicar su situación con sus propias palabras, sin exigencias de lenguaje técnico ni actitudes que la intimiden. También proponen explicar con claridad los procedimientos, identificar a quienes intervienen y facilitar la presencia de una persona de confianza.

Estas pautas resultan especialmente relevantes para quienes se encuentran bajo custodia estatal. Poder comprender lo que ocurre, expresar una necesidad o comunicar un hecho de violencia son condiciones fundamentales para ejercer derechos.

Desarmar prejuicios y reconocer necesidades de apoyo

El documento rechaza que se presuma peligrosidad por la pobreza, la nacionalidad, la situación de calle, el género, la identidad sexual o el consumo de sustancias.

También promueve la detección temprana de necesidades de apoyo vinculadas con dificultades intelectuales o psicosociales. En materia de consumos problemáticos, orienta a ofrecer respuestas de salud y acompañamiento.

Para nuestra actividad, estas propuestas aportan una mirada indispensable: cada intervención debe considerar las circunstancias de la persona y evitar prácticas discriminatorias que profundicen su vulnerabilidad.

Evitar que la exclusión se profundice

Las reglas llaman a prevenir demoras injustificadas, adecuar exigencias procesales y considerar las condiciones materiales que pueden impedir el cumplimiento de una obligación. Además, reconocen el valor de las redes comunitarias para acompañar medidas alternativas a la detención y advierten sobre la necesidad de prevenir la situación de calle al egresar de una cárcel, hospital u hogar asistencial.

Estas orientaciones invitan a pensar la intervención estatal de manera integral, con respuestas que articulen protección, acceso a derechos y acompañamiento.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco consideramos valioso recuperar estas reglas como un aporte al debate público y a las prácticas institucionales. Su llamado a priorizar, proteger y acompañar se vincula con una convicción central de nuestra tarea: ninguna situación de encierro, pobreza o exclusión disminuye la dignidad de una persona.

Prevenir la tortura exige construir, todos los días, instituciones capaces de reconocer esa dignidad y actuar en consecuencia.