Hoy por la mañana el Comité de Prevención de la Tortura se reunió con el Servicio Penitenciario Provincial para conversar y acordar una agenda de trabajo sobre diferentes temas que hacen al acceso a derechos y la mejora de las condiciones de las personas privadas de su libertad. Estuvieron presentes Silvio del Balzo y Egidio García, presidente y vicepresidente del organismo, las Miembros Dafne Zamudio, Ariela Álvarez y Silvina Canteros, la Directora General, Comisario General Gilda Erika Maidana, el Subdirector, Comisario General Gerardo Fabian Sotelo, la Directora del Régimen Correccional, Comisario Inspector Marisa Soledad Godoy, el Director de Readaptación Social, Comisario Inspector Víctor Domingo Cáceres, el Director del Cuerpo Penitenciario, Comisario Inspector Walter Ariel Bagatoli y el Director Recursos Humanos y Maternales, Comisario Inspector Javier Augusto Zanier.
En el encuentro se habló de la problemática del acceso a la salud en contexto de encierro, la atención odontológica, de salud mental y en general en los establecimientos de salud pública donde se atiende a personas privadas de la libertad. Se acordó realizar una convocatoria a directores de cada hospital de las ciudades cabecera de la provincia, el SPP y el Ministerio de Salud junto con el Comité para avanzar en soluciones integrales.
También se abordó el acceso a la educación en contextos de encierro, especialmente lo referido a realizar capacitaciones con perspectiva bilingüe intercultural a los equipos que llevan adelante los tratamientos de progresividad de la pena. A su vez, se dialogó sobre la articulación con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sobre la generación de espacios adecuados para el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes los días de visitas en la Alcaidía de Resistencia.
En cuanto a las posibilidades de trabajo, se puso en conocimiento el acuerdo realizado con el INTA para generar y acercar herramientas productivas. Por otro lado, el SPP informó sobre el registro de personas privadas de su libertad y el plan de vacunación para 300 detenidos que pertenecen a la población de riesgo en la provincia.
Por último, el SPP se comprometió a dejar sin efecto la disposición 270/20 que impedía el acceso del Comité a información referida a las carpetas criminológicas y documentos vinculados a personas privadas de su libertad, que permite realizar un análisis y seguimiento del régimen de progresividad de la pena, y dictar una nueva medida para permitirlo.
