El 8 de mayo se conmemora la Masacre de Budge, ocurrida en 1987 cuando el suboficial Juan Ramón Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero, efectivos de la Policía Bonaerense, asesinaron a Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, tres jóvenes de esa localidad. Para exigir justicia por el caso de lo que luego se denominaría “gatillo fácil”, familiares, vecinas y vecinos conformaron una de las primeras experiencias de organización barrial.

En el 2013, la fecha se instituyó como el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional a través de la Ley N° 26.811 para “recordar todas las violaciones a los Derechos Humanos ocasionados por las Fuerzas de Seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos”. El Dr. Silvio del Balzo, presidente del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia del Chaco, reflexiona sobre la necesidad de recordar estos hechos y las tareas del organismo para la erradicación de la Violencia Institucional.

¿Cuál es la importancia de conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional?

SDB: Siempre es importante visibilizar y mantener una memoria activa con todo lo relacionado a violaciones a Derechos Humanos, porque nuestro país tiene una historia con lo que pasó en la última dictadura militar. Con la vuelta a la democracia las violaciones a Derechos Humanos no han terminado, sino que se han trasladado de objetivo. En su momento los “enemigos” eran las organizaciones populares y políticas, como Montoneros, que peleaban por una Patria libre, justa y soberana. Después, con la vuelta de la democracia, todas esas prácticas represivas siguieron sosteniéndose en las Fuerzas de Seguridad trasladadas a los sectores populares, al indígena, al pibe de gorrita que vive en el barrio.

En Chaco, a raíz de la declaración del Día de la Lucha Contra la Violencia Institucional, en el año 2014 algunas organizaciones sociales a las que yo pertenecía, y personas del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, conformamos la Mesa Provincial de Lucha Contra la Violencia Institucional. Desde ahí venimos trabajando, en conjunto con el Ministerio de Educación y con otras áreas del Estado para visibilizar la problemática y poner en la agenda esta discusión, acompañados por el Dr. Mario Bosch, que era el presidente del Comité en ese momento.

¿Cuál es el trabajo del Comité de Prevención de la Tortura en este sentido?

SDB: El Comité como institución es una herramienta clave, porque somos los responsables de la aplicación de protocolos y acuerdos internacionales que han hecho los Estados para trabajar en la erradicación de este tipo de prácticas. La incorporación de la Convención Contra la Tortura en el país conllevó también la necesidad de la aplicación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura para implementar mecanismos que controlen los procedimientos, el accionar de las Fuerzas de Seguridad y la situación de todas aquellas personas que estén en algún lugar vulnerable bajo la custodia del Estado.

Estas personas que están bajo la custodia del Estado están privadas de su libertad. Esta privación de la libertad puede ser legítima o ilegítima, legal o ilegal, pero la privación de la libertad la trabajamos desde que la persona no puede decidir hacia donde moverse.

¿Cuáles son las características generales de los casos en los que el Comité interviene como querellante?

SDB: El Comité se constituyó como querellante en varias causas, como los casos de Jesús Martínez, de Sebastián Ponce de León, y los hechos de violencia policial contra la comunidad qom en Fontana, entre otras. Y esto es porque entendemos que hay una población que es más vulnerable y totalmente abandonada por el Estado en lo que es políticas públicas de seguridad bien entendida, como la entendemos nosotros, de acceso a la alimentación sana, a una vivienda digna, a la educación, salud, al agua, a sus territorios, en el caso de las poblaciones indígenas de los tres Pueblos que habitan el Chaco, Qom, Moqoit y Wichí.

La inseguridad que aqueja a estas personas diariamente es la persecución, con el famoso discurso de “combatir el delito” y trabajar en políticas de “seguridad”, de las Fuerzas de Seguridad. Estos sectores viven un montón de otras inseguridades, de falta de cobertura de sus necesidades y abandono total del Estado y el único actor que interviene, en su detrimento, generalmente son las Fuerzas de Seguridad. Y es ahí donde actuamos para visibilizar todos estos casos de malos tratos, torturas, muertes y situaciones de violación de los Derechos Humanos.

¿Cómo ve los avances y retrocesos en políticas públicas con respecto a la erradicación de la Violencia Institucional en el contexto de pandemia?

SDB: Vinculado a lo que venimos trabajando hace tiempo, vimos un recrudecimiento de la Violencia Institucional y una estigmatización de ciertos sectores de la sociedad como, por ejemplo, con las barricadas que cercaron el Barrio Toba. Por otro lado, tuvimos que insistir para trabajar en protocolos acordes y se las personas privadas de la libertad puedan volver a tener visitas de sus familiares. E hicimos críticas cuando se habilitaron las visitas para que se tomen las medidas y cuidados especiales y se garanticen los derechos de quienes entran a esos contextos, cosa que no se hizo desde el Ministerio De Seguridad y Justicia.

Así que vimos un recrudecimiento de la Violencia Institucional y la adopción de medidas que, como Comité, entendíamos que no eran las más acordes para atravesar la pandemia y garantizar todos los derechos de las personas privadas de su libertad.