En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los pueblos originarios y la prevención de toda forma de violencia, discriminación y malos tratos.

La conmemoración, establecida por las Naciones Unidas, busca reconocer la diversidad cultural, las identidades, las lenguas, los conocimientos y las formas de organización de los pueblos indígenas de todo el mundo, así como visibilizar los desafíos que aún persisten para garantizar plenamente sus derechos. Cada 9 de agosto, esta fecha invita a renovar la mirada sobre las condiciones en las que los pueblos indígenas ejercen sus derechos y sobre las responsabilidades que tienen los Estados para garantizar su cumplimiento.

En la provincia del Chaco, esta conmemoración adquiere una dimensión particular. Los pueblos Qom, Moqoit y Wichí forman parte de la identidad y de la historia de la provincia, y sus lenguas, culturas y cosmovisiones constituyen un componente fundamental de la diversidad chaqueña. El reconocimiento de esa diversidad implica también garantizar el ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la normativa provincial.

Hablar de derechos de los pueblos indígenas supone, entre otras cuestiones, garantizar el respeto por su identidad cultural, sus lenguas, sus formas de organización y sus vínculos con el territorio, pero también asegurar el acceso efectivo a la justicia, a la educación, a la salud y a todos los derechos fundamentales en condiciones de igualdad y sin discriminación.

En este sentido, la protección de los derechos indígenas tiene una relación directa con la tarea de prevención de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las personas indígenas que atraviesan situaciones de privación de libertad deben recibir un trato digno y respetuoso de su identidad cultural, y contar con las condiciones necesarias para ejercer plenamente sus derechos.

La prevención de la violencia institucional requiere prestar especial atención a las situaciones de vulnerabilidad y a las barreras que pueden profundizar la desigualdad. El idioma, las diferencias culturales, la discriminación y las dificultades para acceder a mecanismos efectivos de denuncia y defensa pueden convertirse en obstáculos adicionales para quienes se encuentran bajo custodia del Estado.

Por eso, desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco sostenemos que la perspectiva intercultural debe formar parte de las políticas de prevención y de los mecanismos de protección de derechos. El reconocimiento de la diversidad cultural no puede limitarse a una declaración: debe traducirse en prácticas institucionales concretas que garanticen un trato digno, el acceso a la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

También existen avances recientes orientados a incorporar una perspectiva intercultural en el ámbito de la Justicia, como la participación de representantes de los tres pueblos originarios reconocidos en la provincia en el proceso de implementación del juicio por jurados indígenas; no obstante, diversos informes y actores institucionales han señalado desafíos pendientes vinculados a la disponibilidad de traductores e intérpretes en dependencias policiales y judiciales, lo que puede dificultar el acceso efectivo a la justicia y el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad.

Sin embargo, el reconocimiento normativo constituye un punto de partida y no un punto de llegada. Garantizar derechos exige políticas públicas sostenidas, instituciones accesibles y mecanismos eficaces de prevención, control y reparación frente a las vulneraciones.

A propósito de esta conmemoración, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de instituciones capaces de reconocer y respetar la diversidad cultural.

Porque prevenir la tortura también significa prevenir la discriminación, garantizar la igualdad y asegurar que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por su pertenencia cultural o su identidad indígena.

El respeto por los pueblos indígenas es, en definitiva, una condición indispensable para una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa de los derechos humanos.