En el marco de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo chaqueño para afrontar la pandemia mundial de Covid-19, el Presidente del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes Silvio Del Balzo, analiza el panorama con respecto a la Violencia Institucional, los peligros de violación a los Derechos Humanos y la situación de las personas privadas de su libertad.

¿CÓMO VEN DESDE EL COMITÉ LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO PROVINCIAL?

Silvio Del Balzo: Entendemos que es un momento excepcional donde hay que tomar medidas, pero esto no significa que estén suspendidas ningún tipo de garantías constitucionales. El Estado puede adoptar medidas alternativas en un contexto de esta magnitud pero no violar derechos de las personas. Y nos preocupa también que hemos recibido alegaciones de violencia o abusos de autoridad que se han producido principalmente en los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad.

Desde el primer momento en el que se empezaron a aplicar este tipo de políticas, ya sea en materia de seguri

dad o de Derechos Humanos, lo que esperábamos como Comité es una convocatoria a los diferentes organismos e instituciones, tanto de los otros poderes del Estado como a los entes de contralor autárquicos como el nuestro. Esto para definir criterios, unificar una concepción y que tengamos más herramientas a la hora de monitorear los procesos. Conocemos y sabemos cómo funcionan en la práctica y en qué sectores se despliega la violencia institucional por parte de las Fuerzas de Seguridad.

¿QUÉ RECOMENDACIONES SE HICIERON DESDE EL COMITÉ HACIA EL ESTADO PROVINCIAL?

SDB: En cuanto a las personas que estaban circulando por la vía pública en el marco de la vigencia de los decretos 432/20 y 433/20 que se están aplicando, habíamos propuesto un protocolo y nunca tuvimos respuesta por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia. Tampoco fuimos convocados a conversar sobre una herramienta concreta para que nosotros como Comité podamos controlar su aplicación y clasificar y determinar responsabilidades de ser necesario.

Si bien entendemos que es necesario un aislamiento social obligatorio, nos preocupa la violación de Derechos Humanos en este marco. Uno de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino es la adopción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en cuyo artículo 2 está establecido expresamente que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

¿CUÁLES FUERON LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL COMITÉ EN ESTE CONTEXTO? ¿CÓMO LAS CARACTERIZARÍAN?

SDB: En general, y lamentablemente sigue ocurriendo, todas las quejas que nos transmitieron con respecto al accionar de las Fuerz

as de Seguridad en la vía pública en el marco del aislamiento social obligatorio han sido de sectores humildes y es en esos sectores donde se reforzaron las medidas punitivistas.

Otra de las características, que hemos planteado y transmitido a diferentes áreas del gobierno, es que las medidas de seguridad sanitaria que desarrollaba la Policía eran diferentes según el lugar en donde accionaban. Recogimos variadas denuncias y pudimos ver los enormes despliegues de las Fuerzas de Seguridad en los barrios populares de nuestra ciudad.

La queja principal es que se realizaban operativos similares a las razias policiales, deteniendo personas al azar de forma arbitraria y utilizando la fuerza no para que la gente entre en su casa y cumpla con el aislamiento social obligatorio, sino con el fin de hostigar y amedrentar. La primera semana en la que se implementó el aislamiento social obligatorio fue un punto alto de la recepción de alegaciones. Después fueron disminuyendo, pero sigue sucediendo.

¿QUÉ OPINAN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR PARTE DEL ESTADO PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL Covid-19 EN LOS CONTEXTOS DE ENCIERRO?

SDB: A partir de una recomendación que hizo el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, cuyo presidente es Juan Manuel Irrazabal, y que nos acercó el Miembro Alejandro Armoa, hemos hecho una propuesta a la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, y al área de Derechos Humanos. La misma consiste en convocar a un espacio donde participen no solamente agentes del Poder Ejecutivo sino todos los actores que trabajamos en contextos de encierro y así poder elaborar herramientas que nos permitan prevenir o mitigar cualquier situación que se pueda desencadenar con el Covid-19 en estos lugares.

Actualmente en la provincia hay 1270 personas alojadas dentro del sistema penitenciario, lo que representa un 30 % arriba de las plazas disponibles en estos establecimientos. A su vez, tenemos 1200 personas en comisarías. Por el nivel de hacinamiento y superpoblación carcelaria, en caso de darse un contagio, puede llegar a generarse un escenario muy complicado.

Propusimos trabajar, como viene haciendo el gobierno provincial, en un listado de acceso a alternativas a la prisión efectiva, sobre todo para población de riesgo como mayores de 60 años o personas que presentan patologías que se puedan complicar con el contagio del Covid-19. También para aquellos que están dentro del régimen de progresividad de la pena y que se encuentran cercanos a recibir una libertad condicional, y los próximos a cumplir su condena con delitos menores a cinco años. Autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia nos transmitieron que se está evaluando una lista de aproximadamente 458 personas, como medida excepcionalísima.

No hemos tenido una convocatoria a trabajar esto y vemos que podríamos haber aportado mucho. El Servicio Penitenciario está elaborando una lista; la Defensa Pública, por su parte, evalúa quiénes están en condiciones y nosotros por otro lado también estamos confeccionando una lista para presentarle al Superior Tribunal de Justicia. Si eso lo hubiéramos trabajado en conjunto hubiera salido algo consensuado. Hasta ahora, las recomendaciones que le hemos hecho al Estado se han basado en las del Comité Nacional y tienen que ver con los abusos que se han cometido con la aplicación del aislamiento social obligatorio.

¿QUÉ CUESTIONES ESTÁN OBSERVANDO CON MAYOR PREOCUPACIÓN?

Las demandas que nos llegan de las personas privadas de su libertad, es el tema de las visitas y el uso de otros mecanismos informáticos o virtuales. También la prevención con el uso de elementos de higiene que no han recibido para poder mantener limpios los es

pacios, además de las quejas del ingreso del personal del servicio penitenciario sin protección, barbijos y guantes. Hemos transmitido estas inquietudes a las autoridades correspondientes y aún no tenemos respuesta.

Sabemos que las cárceles distan de ser sanas y limpias como exige nuestra Constitución. Existen situaciones de falta de higiene y de ventilación, mala alimentación, falta de acceso a la salud, problemas para el acceso a la educación. En este sentido, creo que el Poder Ejecutivo debería realizar todas las convocatorias necesarias para encontrar la forma de solucionar los problemas entre todos y todas de manera coordinada. Y esto significa llegar a la unidad de concepción para generar unidad en la acción, tomando cada uno la responsabilidad que le compete.

¿QUÉ PIENSAN DE LA APLICACIÓN DEL TOQUE DE QUEDA SANITARIO COMO NUEVA MEDIDA?

Una medida con este nombre, esta magnitud y el despliegue de grandes operativos de las Fuerzas de Seguridad en la vía pública, obviamente que sensibiliza. Nosotros nos oponemos a decisiones de este tipo que nos remiten a la cruenta dictadura cívico militar que atravesamos en Argentina. Hemos practicado mucho la memoria como para ahora volver a instaurar mediante operativos, en el marco y dentro de una democracia, a las Fuerzas de Seguridad en la vía pública con la magnitud con que se hizo en estos días.

Esto tiene que ver con la manipulación del miedo de la gente para generar sensación de seguridad apelando al punitivismo. El toque

de queda a partir de las 21 hs en el contexto de una pandemia no tiene efectos concretos con respecto al contagio, porque se aplica en horarios donde no circula la gente. Como medida sanitaria, es irrelevante. Es una de las formas históricas de abordar mediante el uso de las Fuerzas de Seguridad los conflictos sociales y de salud que deberían resolverse con políticas públicas.

¿QUÉ PELIGROS AFRONTAMOS EN EL FUTURO EN CUANTO A VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS?

Hay dos cuestiones: por un lado, el terreno que ha ganado esta concepción represiva de las Fuerzas de Seguridad de la cual nos va a costar volver atrás. Solamente podría recuperarse en el caso de que logremos trabajar en conjunto para poder poner límites.

Y, por otro lado, nos preocupa que en los contextos de encierro no se estén adoptando las medidas sanitarias necesarias. Por eso estamos trabajando en unas recomendaciones de salud para proponerle al gobierno provincial y que de esto salga una herramienta que nos permita controlar y monitorear la aplicación.

Todas las medidas adoptadas hasta ahora han sido medidas restrictivas: se han limitado las visitas, se ha generado el aislamien

to social obligatorio y se ha puesto el eje más que en la salud, en el despliegue de operativos policiales.