El 27 de septiembre se celebra Día de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en conmemoración a la fecha en que Argentina sancionó la Ley N° 23.849, poniendo en vigencia la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. De esta manera, en el año 1990, se sentaron las bases para la construcción futura de un sistema de promoción y protección integral de la niñez y la adolescencia. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura se analizan los últimos documentos emitidos sobre niñeces privadas de su libertad, como así también la situación a nivel provincial.
En 2014 la Asamblea General de Naciones Unidas encargó un estudio sobre los niños y niñas privados de libertad en el mundo. En julio de 2019 se publicó el Informe del Experto Independiente que dirigió dicho estudio, arrojando importantes datos sobre el escenario a nivel internacional. Se consideraron seis situaciones: a) privación de libertad de niños en la administración de justicia, b) niños que viven en establecimientos carcelarios con su cuidador principal, c) privación de libertad relacionada con la migración, d) privación de libertad en instituciones, e) privación de libertad en el contexto de los conflictos armados y f) privación de libertad por motivos de seguridad nacional, proponiendo recomendaciones a los Estados y a las Naciones Unidas.
En el informe se destaca que “el internamiento de niños en instituciones y otros centros en los que se ven o podrían verse privados de libertad es difícil de conciliar con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Y que privar a niños, niñas y adolescentes de la libertad es privarlos de su infancia.
Dos aspectos son importantes apuntar. Por un lado, la cuestión de la convivencia de niños menores de un año y de muy corta edad con su cuidador principal, normalmente la madre. Esto se permite en la mayoría de las jurisdicciones y, de manera indirecta, se priva a estos niños de su libertad de facto. El número estimado de niños y niñas en esta situación es de aproximadamente 19.000 por año.
Por otro lado, el Informe revela que cada año sigue habiendo por lo menos cuatrocientos diez mil (410.000) niños privados de libertad en centros de prisión preventiva y establecimientos carcelarios. Esto se da a pesar de que existe un amplio conjunto de normas internacionales para evitar la privación de libertad de los niños en la administración de justicia.
ESTADO DE SITUACIÓN Y DESAFÍOS EN CHACO
Ariela Álvarez, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura, señaló que desde fines del año 2017 no se han dado casos de niños y niñas alojados o conviviendo con sus madres en la provincia. A su vez, no existen reportes de niños y niñas viviendo el encierro con sus padres. El último caso que se registró fue el de una joven mamá, que convivía con dos niñas mellizas de poco más de un año de edad, alojadas en la Alcaidía de Mujeres en el Barrio de Don Santiago de Resistencia.
Por otra parte, especificó que los lugares de privación de libertad en Chaco, a excepción de la Alcaidía de Mujeres, no se encuentran en condiciones de recibir, y mucho menos alojar, a niños y niñas. En este sentido, es importante destacar que más de la mitad de las personas privadas de la libertad permanecen en comisarías, algunas de ellas sin las condiciones mínimas de habitabilidad como el espacio físico y la ventilación suficiente, el acceso al agua potable y a sanitarios adecuados, entre otras.
No obstante, aunque niños, niñas y adolescentes no comparten materialmente el encierro con su madre o padre, se ven atravesados por la situación en las primeras horas en las que estos son aprehendidos, algunas veces de manera violenta, sin el resguardo mínimo a sus derechos. Desde hace más de dos años, el Comité está trabajando de manera regular y permanente con mujeres que transitan el encierro y se recogieron alegaciones extendidas, consistentes y reiteradas donde, especialmente al momento de los procedimientos de allanamientos y detención, no es tenida en cuenta la presencia de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores a su cargo.
En este sentido, Álvarez recuerda que las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), que el año pasado cumplieron 10 años desde su declaración, fueron diseñadas precisamente para encuadrar como debe ser el proceso de privación de libertad de una mujer. La Regla N° 2 expresa que “se deberá prestar atención suficiente a los procedimientos de ingreso de mujeres y niños a la institución, por su vulnerabilidad especial en ese momento. (…) Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés superior de los niños.”
Desde el Comité se analizó que esto en general no se cumple y que niños, niñas y adolescentes presencian procedimientos que por su naturaleza en sí son violentos (requisas, allanamientos, desalojos). A su vez, pasan largas horas junto a sus familiares, sentados en el suelo, con poco abrigo, sin alimentarse o sin que se les permita higienizarlos. Incluso se han reportado casos de niños y niñas que fueron sometidos a interrogatorios y alojados en baños u otras dependencias de las casas, solos o aislados, y se trasladan sin seguridad en la parte trasera de camionetas o vehículos policiales.
En la gran mayoría de casos, durante esas primeras horas, quedan a resguardo de familiares o vecinos que suelen rescatarles de esas situaciones de manera informal, sin que medie una acción de resguardo del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes del Estado.
AVANCES, BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DESDE EL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
En cuanto a las buenas prácticas y avances que existen en Chaco sobre este tema, la presidenta del organismo dijo que “en primer lugar, es destacable que en nuestra provincia no haya niñes viviendo en las prisiones, como así también la práctica judicial de otorgar alternativas al encierro efectivo a las mujeres que tienen niñes u otros familiares a cargo. Si bien esto es altamente positivo, venimos señalando, tanto desde el Comité como desde las organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de generar programas y acciones tendientes a reforzar el acompañamiento a las personas que transitan el encierro con prisiones domiciliarias, donde la falta de recursos y apoyo suele ser más gravoso que el propio encierro”.
En este sentido, Álvarez expresó: “Recientemente realizamos una primera mesa de trabajo con otras instituciones como el Ministerio Público de la Defensa, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia Y Familia, los colectivos profesionales de abogados y abogadas, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros. Nos propusimos abordar la materialización de las salvaguardas al momento de la detención y esto claramente incluye no solo a los adultos, sino a niños, niñas y adolescentes que también se ven inmersos en esas situaciones. Llamar la atención, describir como operan estas violaciones a los Derechos Humanos, recomendar y monitorear que se cumplan las leyes y mandas convencionales, es nuestra tarea”.
La presidenta destacó también que humanizar los contextos de encierro es clave para disminuir el impacto que tiene la prisión en los niños y niñas. En esto el Comité está trabajando con la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Derechos Humanos y otros organismos, para acompañar desde las áreas especializadas del Estado en el proceso de revinculación de las familias, habilitando espacios recreativos – convivenciales durante las visitas en prisiones.
Por último, Álvarez subrayó que, junto con la Comisionada Silvina Canteros, fueron convocadas para acompañar una audiencia que se llevó a cabo en la misma Alcaidía de Mujeres, por parte de la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de escuchar a una mamá opinar sobre el mejor destino de su niña pequeña que, mientras dure su pena, deberá estar al cuidado de terceras personas. “Esta nos parece una práctica destacable y que esperamos que se extienda rápidamente, por parte de quienes deben velar por la seguridad y el goce efectivo de los derechos de les niñes”, finalizó.
*Para la lectura del Informe completo sobre los niños y niñas privados de libertad en el mundo, realizado por Naciones Unidas, ingresar en: