Para el Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), la resolución del TOF de Resistencia dejó en claro que el Terrorismo de Estado no hubiese sido posible sin la colaboración de una parte del Poder Judicial. Y que la condena implica un mensaje de que no quedará impune la conducta omisiva de los funcionarios públicos ante denuncias por violencia institucional.
El Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) pondera la resolución del TOF de Resistencia que condenó a 11 años de prisión al exfiscal federal de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, por apremios ilegales, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y violación de los deberes de funcionario público cometidos contra las detenidas políticas Mirta Clara y Gregoria Pérez. También los 11 años de pena contra el ex jefe de la Guardia de la cárcel federal de Resistencia (U7), Pablo César Casco, por el delito de tormentos agravados contra el detenido político Hugo Dediu.
Cabe subrayar, en este contexto, que las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco y de la Nación habían solicitado que se condene a Mazzoni por el delito de tortura (por la violencia psíquica contra las detenidas políticas), aunque finalmente el TOF decidió hacerlo por apremios ilegales. Por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco participó el abogado Paulo Pereyra, actual miembro titular del CPTCh.
“Lo trascendental para nuestra democracia y lo que es la prevención de la tortura, de la violencia institucional y la erradicación de la ideología del Terrorismo de Estado es que las fuerzas represivas del Estado no podrían de ningún modo tener esta práctica punitiva estructural y política que es la tortura, la desaparición forzada y las violaciones en los centros clandestinos sin el amparo de parte del Poder Judicial como engranaje legitimante de este discurso y de estas prácticas punitivas contra la dignidad humana”, sostienen desde el CPTCh.
“Es trascendental que en el Chaco se condene a un exfiscal general -en funciones hasta 2007- no solo por no haber investigado, no solo haber omitido sus deberes como fiscal, sino por haber apremiado ilegalmente a dos presas políticas que venían de sesiones de torturas, y es sin dudas un mensaje simbólico, político e institucional de que más temprano que tarde aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que amparan esto serán condenados”, concluyen.