Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco informamos que se fijó la audiencia preliminar para el próximo 30 de abril a las 9, en el marco de la causa en la que se investiga a un efectivo del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco, acusado de haber disparado en el pecho a un paciente con padecimiento mental. La medida fue dispuesta por la jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, María Virginia Ise.
En esta causa intervenimos como querellantes institucionales, en cumplimiento de nuestro mandato de prevención, monitoreo y denuncia de hechos que puedan implicar torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes estatales.
El juicio oral se llevará adelante con un único imputado, el comisario del COE Miguel “Cuqui” Zuco, a quien se le atribuye el delito de lesiones graves doblemente agravadas: por haber sido cometidas por un miembro de una fuerza de seguridad en abuso de su función y por el uso de un arma de fuego, conforme a lo previsto en el Código Penal.
Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2024, en horas de la madrugada, en una vivienda del macrocentro de la ciudad de Resistencia. Según consta en la investigación, el imputado, en su carácter de jefe de turno, encabezó un operativo policial tras un llamado de auxilio por una situación de crisis de una persona con diagnóstico de esquizofrenia.
De acuerdo a las pruebas reunidas en el expediente, durante ese procedimiento el efectivo disparó una escopeta de repetición contra la víctima —identificada como A.S.L.— a corta distancia, provocándole lesiones de carácter grave, entre ellas la fractura de esternón y múltiples heridas producto de perdigones.
Si bien la defensa ha sostenido que el accionar estuvo justificado en un contexto de agresividad y riesgo, tanto la fiscalía como esta querella entendemos que se trató de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en una situación que requería una intervención del personal de salud, tal cual lo indica el protocolo de la Ley 3381-G.
Asimismo, advertimos con preocupación que la persona fue abordada como un sujeto peligroso y no como un paciente con padecimiento mental en crisis, a pesar de la presencia de múltiples efectivos policiales en el lugar y de que, al momento del disparo, se encontraba contenido dentro de una habitación, sin que existiera un peligro inminente para terceros.
Desde este Comité reafirmamos la necesidad de que las fuerzas de seguridad actúen conforme a los estándares de derechos humanos, especialmente en situaciones que involucran a personas en condición de vulnerabilidad, como aquellas con padecimientos mentales. Seguiremos interviniendo en este proceso para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la no repetición de hechos de estas características.