El Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) participó este jueves de una nueva reunión de la Mesa de Diálogo sobre la situación de las Personas Privadas de Libertad en el Chaco durante la cual se tomó nota sobre los avances en la ejecución de medidas propuestas por el CPTCh para erradicar las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en comisarías y penitenciarias de la provincia del Chaco con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas alojadas en distintos centros de detención que se encuentran bajo responsabilidad del Estado.
Participaron de la reunión el ministro de Seguridad Pública del Chaco, Daniel Chorvat; representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, jueces de Ejecución Penal, autoridades de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial. En representación del CPTCh, asistieron los miembros Paulo Pereyra, Ariela Alvarez y Silvio Del Balzo y el integrante de los equipos técnicos del organismo, Roberto Sotelo.
Entre algunos de los puntos destacados se encuentra la confirmación del traspaso del Centro de Detención de Mujeres de Villa Los Lirios a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, se ponderó el descenso de más de 100 personas detenidas en comparación con el mes anterior. En este sentido, desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios se informó sobre el trámite para generar un cupo para 40 personas en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial.
A la par se recomendó a los jueces de Ejecución Penal que revisen todas las solicitudes de medidas alternativas a la pena privativa de libertad (prisión domiciliaria, libertades transitorias o condicionales) con el objetivo de garantizar el régimen de progresividad de las penas de las personas condenadas y que la falta de disponibilidad de dispositivos electrónicos de monitoreo no sea un obstáculo para ello. También se aconsejó el uso de la libertad asistida y la mediación penal en casos que involucren a los grupos más vulnerables como mujeres madres, adultos mayores, personas con enfermedades o que cumplan penas leves por delitos sin víctimas.
Una vez más este Comité vuelve a destacar el compromiso y la predisposición de todas las partes involucradas para trabajar en forma articulada en la instrumentación de medidas concretas y efectivas que permitan que la provincia del Chaco revierta sus déficits en materia de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad tal como lo prescriben la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones Internacionales.